Los estándares aceptados para reconocer la existencia de una epidemia hablan de 10 casos de homicidios por cada 100 mil habitantes.Según el Informe Mundial de Violencia elaborado por la Organización Mundial de la Salud, en América Latina y el Caribe el homicidio llegaba ya en promedio, a 22,9 personas por cada 100 mil habitantes en 2002. En Venezuela, según los datos oficiales, las denuncias por homicidio alcanzaron en 2006 a 55,3 cada cien mil habitantes.

El drama venezolano lamentablemente no queda resumido en esa simple y a la vez horrorosa cifra. Van más de 13.000 homicidios por año, sin que se sepa nada del funcionamiento de la Policía Nacional.

Tampoco sabemos en qué terminó el invento de colocar guardias nacionales en los micro-buses, bajo el rótulo del llamado “Plan Caracas Segura 2008″. Ni del inmenso listado de promesas en torno a la seguridad, realizadas por el Presidente desde la televisión. El más abominable problema de los venezolanos, talón de Aquiles de Chávez en su gestión presidencial.

En los últimos 10 años los asesinatos en Venezuela han aumentado en un 142%. Y los secuestros que para 1998 fueron 57, en el 2008 van ya por 257 -en cifras de Fedenaga-, aún sin concluir el año.

El territorio venezolano ubicado en una posición geográfica privilegiada, lamentablemente se encuentra cartelizado. No hay policía migratoria, fiscal, aduanera o sanitaria capaz de garantizar la seguridad de nuestras fronteras. Y no hablo de una policía migratoria chauvinista, sino de una capaz de determinar claramente entre ciudadanos de bien o delincuentes internacionales que se pasean con absoluta lenidad por el territorio nacional. Tampoco hay policía de seguridad ciudadana o de investigación judicial. Lamentablemente esta última fue abandonada de todo recurso presupuestario existencial, por ser amenazante incluso para el poder del gobierno.

Pero hay más. Todos los estándares de seguridad humana se encuentran quebrados en un país cuyo gobierno ha dispuesto de más de 750.000 millones de dólares en los últimos diez años.

El territorio nacional sucumbe a las mafias de la droga, a la explotación de la minería ilegal, al tráfico de armas y a la corrupción desmedida en torno a la enajenación festiva de los recursos naturales, sin que sea posible evitar un derrumbe. Y lo peor, cada día crecen más lunares en los territorios de las ciudades de Venezuela, donde el Estado formal tiene prohibido hacer cumplir la ley. Donde funciona la transa de los carteles de distintas naturaleza operando en torno a negocios ilícitos amparados por el Estado, en un “dejar pasar-dejar hacer” de complicidades, en muchos casos anómica -de caos alentadotendente a confundir y desorientar deliberadamente a los ciudadanos, y no como parte de un gran plan gubernamental -pues no hay capacidad para ello-, sino por causa de no poder dar más en términos de engaños demagógicos y populistas, con lo cual “debe” invitar a imponer sus reivindicaciones a todos aquellos a quienes no fue capaz de dárselas desde la función gubernamental.

La ausencia de capacidad gerencial para mantener la luz encendida en este país, está ya en evidencia. La esperanza de un pueblo se desvanece aceleradamente y comienza a tornarse feroz, en medio de una crisis económica mundial que deslegitimará sin ninguna duda todo pedazo de revolución -no tan pronto como algunos quisieran-, sin que dejen de continuar amenazando las causas para Venezuela, de un Estado fallido, aun para quienes vengan después en el marco de la necesaria alternabilidad en democracia.

Fuente: Noticiero Digital