Arcalib tienen diversas denuncias penales en su contra que se encuentran en trámite en el Ministerio Público
El pedido de la Asociación Regional de Carboneros de La Libertad (Arcalib) para que el Consejo Regional prorrogue el plazo de formalización a dichos mineros, ha sido duramente cuestionado por la Carbonífera San Benito S.R.L.Su gerente de operaciones, Juvenel Castro Gálvez, hizo público su rechazo al pedido, que finalmente fue aceptado por el consejero delegado Alexis Rebaza López, y el consejero Carlos Álvarez Chávez, el cual considera que “esconde el verdadero propósito lucrativo de un pequeño grupo” y que incluso afecta a su empresa.
“(Este grupo de carboneros) Se dedica al hurto de carbón de piedra que extraen, en buena parte, de las concesiones mineras de mi representada, perjudicando nuestro patrimonio y generando un grave problema de contaminación ambiental en nuestra región, debido a que utilizan explosivos sin autorización alguna para lograr sus ilícitos propósitos”, indicó a través de un oficio que ha enviado el pasado 10 de noviembre al presidente de la Comisión de Energía, Minas e Hidrocarburos del Consejo Regional, Carlos Álvarez.
Como se recuerda, el último lunes un grupo de integrantes de Arcalib protestó frente al Consejo con el fin de pedir que se les amplíe el plazo para formalizarse, lo cual requiere de la modificación de la cuarta disposición transitoria del Decreto Regional Nº 001-2009-GR-LL-PRE, el cual sólo les otorga cuatro meses para regularizar su situación.
Según Castro Gálvez, los miembros de Arcalib tienen diversas denuncias penales en su contra que se encuentran en trámite en el Ministerio Público. “Una cosa es que operen informalmente, porque no cuentan con los permisos y demás trámites respectivos, y otra cosa es que dentro de su informalidad también se dediquen a la comisión de ilícitos penales, como es el caso que hemos expuesto”, sostuvo.
El gerente de San Benito remarcó además que los mineros informales piden la prórroga como “un pretexto” para justificar la continuación de sus actividades ilícitas que les permite operar dentro de un mercado informal en el que se evaden impuestos y se burlan las disposiciones emitidas por las autoridades.
Fuente: Diario La Primera
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