El decreto de urgencia 012-2010, que promueve la formalización de la minería informal en Madre de Dios, debería hacerse extensivo a todo el Perú -con especial atención en Cajamarca, Piura y Huancavelica- porque el drama de la minería ilegal, con su secuela de contaminación y conflictos, es generalizado en el país, afirmó el sociólogo Jaime Castro Contreras.

El estudioso dijo a Voz de Alerta que en otras regiones del país –como Cajamarca, Piura, Huancavelica- la minería informal es igual de “intensa, ilegal y generadora de conflictos” como lo es en Madre de Dios, en consecuencia las disposiciones generales contenidas en la norma 012 se deberían aplicar en todas las zonas del territorio nacional donde existen estos problemas.

Incluso, advirtió, la situación en otros departamentos puede ser más problemática: en Cajamarca y Piura el narcotráfico está detrás de la minería ilegal con el fin de incentivar los conflictos, para tal efecto estas mafias pagan a grupos de agitadores que generan la violencia en esas regiones.

Mientras tanto, criticó, pese a que los organismos de seguridad regularmente remiten informes y advertencias sobre inminentes conflictos a las instituciones políticas y autoridades de las regiones, estas “no asumen ni cumplen el rol, funciones y tareas por la cual han sido creados”, es así que no toman previsiones y se generan desbordes que crean ingobernabilidad y descomposición social.

Precisamente el paro nacional de mineros informales que dejó un saldo de seis muertos y el retroceso del Gobierno en la necesidad de atajar esta actividad ilegal en Madre de Dios, que fue evidente cuando bajo la presión prometió revisar el decreto 102, pone en tela de juicio el estado de derecho en el país.

Al respecto Castro Contreras llamó la atención sobre el autoritarismo, que quebranta la ley y el orden, expresado por la propia población que se expresa en grupos humanos extendidos que tienen la costumbre de romper la ley para imponer sus intereses.