En diálogo con RPP, el ministro de Justicia Víctor García Toma consideró las medidas que ha adoptado el Gobierno en relación a la dramática situación que se vive a raíz de la minería informal de Madre de Dios están plenamente justificadas desde el punto de vista político, social y económico. 

"La adopción de medidas legales como la declaración del estado de emergencia y la presentación de siete habeas corpus preventivos en zonas aledañas a las zonas de emergencia para impedir la propagación de esta situación de violencia también encuentro que hay una justificación jurídica", dijo.

Consideró que el problema central es que hay un segmento de la población que entiende que la única manera, cuando no hay fundamento para protestar es agravar la protesta a través de la violencia.

"En consecuencia la toma de carretera es una forma de chantaje, una forma de imposición para un diálogo sobre bases precarias sino además una forma de presión política.  La violencia de parte de este grupo no hace sino reproducir una manifestación antidemocrática que todos tenemos que combatir y rechazar", afirmó.

Agregó que los que se oponen a la formalización de la minería son personas vinculadas de alguna manera con el delito.

"En el caso de los trabajadores mineros son doblemente víctimas: de un sistema de explotación, donde incluso hay explotación infantil, trata de blancas, evasión de impuestos, daño a la salud y es en esa perspectiva, que los beneficiarios de este dispositivo no entienden que justamente la medida está dirigida a promover mejores condiciones de trabajo y la segunda mentira es la de promover estos actos de violencia que están dirigidos a favorecer intereses que están vinculados claramente con el narcotráfico, con la evasión de impuestos, con empresarios inescrupulosos.  Los trabajadores engañados primero por una situación perversa en lo que se refiere a su programa de trabajo y luego sobre las razones por las cuales se ha dictado el decreto de urgencia que por el contrario tiende a mejorar su situación laboral", acotó.

En tanto, a través del Rotafono de RPP, una de las pasajeras afectadas por el paro minero denunció que no cuentan con agua, alimentos ni seguridad de ocurrir nuevos enfrentamientos en la carretera Panamericana Sur.